Breve recorrido por la visibilización política de la diversidad sexual en la Ciudad.

A finales del siglo XX recrudece la persecución a personas travestis a partir de un decreto presidencial que definía a la prostitución en espacios públicos como “alteración de la tranquilidad urbana”, vinculando de forma automática a la identidad trans a la prostitución callejera, contribuyendo a fortalecer el estigma que categorizaba como delincuentes a las travestis de todo el país. Desde entonces integrantes del colectivo trans travesti transexual, sólo por su identidad, son detenidas por la policía (situación similar a lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar), estén ejerciendo o no la prostitución o, a riesgo de ello, teniendo que recurrir al pago ilegal de dinero (coima) para no ser detenidas.

A partir de ese momento surgieron nuevos textos reguladores en los estados federales, y en la provincia de Salta, los artículos 114 y 115 del Código de Contravenciones (promulgado en 2001) reforzaron esa criminalización de la identidad trans.

Hasta principios del Siglo XXI, en la ciudad de Salta la diversidad sexual permanecía invisibilizada, presa de prejuicios propios de una cultura conservadora en sus formas. En grandes ciudades del mundo, como en Buenos Aires, los 90 fueron una década de lucha incesante por el reconocimiento de derechos.

En Salta, recién en 2004, la travesti Pelusa Liendro, organizó la primera Marcha del Orgullo en la ciudad contra la represión policial, inaugurando la actual etapa de visibilización pública de la diversidad sexual y de la problemática trans en la provincia, reclamando la derogación de esos artículos del Código Contravencional salteño que criminalizaban a las personas trans.

Pelusa Liendro, una militante de los derechos del colectivo LGBTIQ consciente de la situación de marginación laboral de las personas trans, puso sobre la mesa la problemática local en torno a la situación de un colectivo que proveía del sustento económico diario a madres, sobrinos, hijos, abuelos a través de la prostitución como medio de vida. En 2006 fue acuchillada en su automóvil en una escena qué si bien fue resuelta judicialmente, nunca estuvo del todo claro cuáles fueron las circunstancias ni los motivos de su asesinato.

La ley de matrimonio igualitario votada en 2010 por el parlamento argentino no tuvo representación de los y las salteñas que apoyaban dicha iniciativa. Ninguno de los 10 legisladores nacionales salteños votó afirmativamente. Sin embargo, en octubre de ese mismo año el Código Contravencional de Salta se convirtió en el primer texto legal provincial en incluir el concepto “orientación sexual” penando a locales de acceso público que la esgrimiese como motivo para la discriminación (Artículo 46 bis).

Cuando todavía el reconocimiento a la identidad auto percibida debía realizarse por vías administrativas judicializadas, en agosto de 2011, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia reconoció el Derecho a la Identidad trans a través del Decreto 712.

Para noviembre de 2011 eran 25 las parejas del mismo sexo legalmente casadas en toda la provincia, de las cuales solo la primera (entre dos mujeres) tuvo exposición mediática. Ese mismo año cerró con un fallo del Juzgado de Personas y Familia de 4º Nominación que ordenó la rectificación de toda la documentación en reparticiones públicas y privadas, de una militante trans a quien se le otorgó un DNI reconociendo su identidad de género y convirtiéndola en la primera travesti con DNI femenino del NOA.

En los primeros 10 años del siglo XXI las travestis y transexuales salteñas junto a las personas trans de toda la Argentina fortalecieron sus organizaciones de lucha contra esas legislaciones represivas que criminalizaban su identidad y llegaron a un 2011-2012 con un Congreso Nacional legislando a favor de una ley que reconoce la identidad de género autopercibida y garantiza el acceso a la salud integral a las personas trans, ya con un cambio radical de posición de la amplia mayoría parlamentaria durante la discusión de dicha ley. Los votos positivos para su aprobación incluyeron a 4 diputados nacionales salteños y 2 senadores nacionales entre quienes votaron a favor de la ley de identidad de género.

En 2015 y gracias a las continuas demandas de las organizaciones de la diversidad sexual y los derechos humanos, que incluyeron presentaciones y demandas internacionales contra el Estado Provincial, la legislatura de Salta derogó el Artículo 115, que habilitaba la persecución policial de las identidades diversas al ser consideradas como “escandalosas”.

Sin embargo, el Artículo 114 que criminaliza la situación de prostitución callejera en la que se encuentran numerosas personas trans como sustento de vida continúa vigente, habilitando la persecución policial en un país como Argentina que se declara abolicionista de la prostitución, y propone llevar adelante políticas públicas que permitan a estas personas salir de esa situación sin criminalizarlas. Cada año legislativo las organizaciones locales insisten con su derogación final.

En 2018, y con el objetivo de llevar adelante diferentes acciones a los fines de facilitar la empleabilidad y la inclusión laboral tanto en el ámbito público como privado de las personas trans se creó por Ordenanza N° 15475 el Programa de Empleabilidad y Promoción de Derechos Humanos para la Inserción Laboral de las personas trans.

En Salta la diversidad sexual fue visibilizada en el cuerpo de las personas trans, quienes denunciaron el avasallamiento de derechos sobre el colectivo de gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales de la provincia, dejando de lado todo temor a la exposición pública y al “que dirán” local.

En la ciudad de Salta hay un camino recorrido en la demanda por el reconocimiento de los derechos del colectivo de la diversidad sexual conducido por las organizaciones locales que buscan avanzar en el camino hacia la inclusión y el respeto de la diversidad sexual y sus manifestaciones locales. Este es el momento de profundizar la articulación entre todos los sectores para conseguir una ciudad referente en la igualdad, respetuosa de la diversidad, inclusiva.